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Dos empresas de seguridad privada han sido sancionadas, tras una investigación de oficio se determinó que dos compañías se pusieron de acuerdo para fijar precios en licitaciones públicas, una práctica anticompetitiva prohibida por la ley.
La Superintendencia de Competencia (SC) ha emitido una sanción contra dos agentes económicos en el mercado de servicios de seguridad privada. La investigación, iniciada de oficio, demostró la existencia de un acuerdo anticompetitivo para fijar precios en subastas públicas, una práctica tipificada en el artículo 25, literal c), de la LC, que prohíbe los acuerdos entre competidores para adoptar modalidades de fijación o limitación de precios en licitaciones.
La sanción a las empresas infractoras, SIEDES y MUINSA, incluye multas por un total de $292,000.00 (es decir, $146,000.00 a cada una), lo que equivale a 400 salarios mínimos mensuales urbanos en la industria, es decir el 10% de sus ganancias del último período fiscal; por lo que la medida equilibra el funcionamiento de sus operaciones dentro del mercado, pero mantiene un carácter inhibidor a la práctica no competitiva.
Con sanciones como ésta, la SC disuade a las empresas que abusan de los procesos de licitaciones para que el dinero de los salvadoreños, recolectado a través de los impuestos, se traduzca en obras y servicios de calidad, y no sea desviado por la manipulación de compras públicas con intereses particulares. Además, la resolución ordena el cese de la práctica anticompetitiva, una medida sustentada en el artículo 38 de la LC, que establece que, además de las multas, la Superintendencia podrá ordenar la cesación de las prácticas anticompetitivas. El objetivo de estas acciones es restablecer las condiciones de competencia en el mercado, protegiendo al Estado y a los recursos que aportan los contribuyentes.
El sector de servicios de seguridad privada es un rubro de gran importancia, con procesos de contratación requeridos por el Ministerio de Economía y la Fiscalía General de la República. Según los procesos analizados, para los años 2020 a 2023, el valor total de la contratación a estas empresas ascendió a $2,943,889.24. La colusión entre empresas en este sector no solo distorsiona los precios, sino que también limita las opciones para las entidades gubernamentales lo que atenta a la debida eficiencia en el manejo de fondos públicos.
El Gobierno de El Salvador, a través de la SC, continuará vigilando activamente los mercados para prevenir cualquier afectación, promoviendo la competencia como el catalizador de la eficiencia económica y el bienestar de la economía de los salvadoreños. La eficiencia en las compras públicas es un pilar fundamental de nuestra política económica para asegurar que cada dólar de los impuestos se invierta de la mejor manera posible para el desarrollo del país. La proyección de que el mercado de seguridad en América Latina crecerá a un 4.10% entre 2025 y 2034, subraya la importancia de este rubro para la región y la necesidad de mantener y asegurar óptimas condiciones competitivas en nuestro país.
Con sanciones como ésta, la SC disuade a las empresas que abusan de los procesos de licitaciones para que el dinero de los salvadoreños, recolectado a través de los impuestos, se traduzca en obras y servicios de calidad, y no sea desviado por la manipulación de compras públicas con intereses particulares.
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