Sobre las prácticas anticompetitivas
Se definen como cualquier conducta realizada por uno o varios agentes económicos que limite o restrinja -real o potencialmente- la competencia, o impida el acceso al mercado a cualquier agente económico, en los términos establecidos en la Ley de Competencia.
La investigación, comprobación y sanción de prácticas anticompetitivas constituye un eje central en el enfoque de protección de la competencia, establecido en el objeto de la Ley de Competencia (LC). El Superintendente puede iniciar de oficio o por denuncia un procedimiento administrativo sancionador, con el objeto de determinar la existencia de alguna de las prácticas anticompetitivas prohibidas tipificadas en los artículos 25, 26 y 30 de la LC.
El procedimiento administrativo sancionador se encuentra regulado en los artículos 40-49 de la LC. La notificación del auto de instrucción al presunto infractor constituye el punto de inicio de la investigación, y con ello, la activación de todos los derechos y garantías procesales asociadas, respetando el proceso constitucionalmente configurado. En virtud de ello, durante la tramitación del procedimiento se concede al agente económico investigado el derecho de audiencia y defensa, así como el de vista del expediente y el de aportar alegaciones, motivaciones y pruebas que justifiquen lo actuado.
La comprobación de la infracción de estas conductas conlleva la imposición de sanciones pecuniarias y conductuales que garanticen el cese de la conducta anticompetitiva comprobada, y que se encuentran establecidas en los art. 37 y 38 de la LC.
