Precios máximos y sus efectos en el acceso al crédito
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sc_logo lunes 7 de octubre, 2019Hace 2 meses

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Precios máximos y sus efectos en el acceso al crédito

Por Marcela Escobar*

El acceso a los servicios financieros constituye un factor decisivo para impulsar el desarrollo económico y el bienestar de la sociedad. Por un lado, estos servicios acercan a las familias instrumentos de ahorro y crédito que les permiten acomodar mejor sus necesidades de gastos de acuerdo con un patrón temporal de percepción de ingresos. De igual forma, en lo que se refiere a las empresas, el acceso al crédito puede resultar fundamental para financiar el capital de trabajo y la inversión.

Debido a la relevancia y la amplitud de este tema, el presente artículo se centra en el comportamiento de las tasas de interés y la evolución de niveles de bancarización posterior a la determinación de la tasa máxima legal (TML) que nace a partir de la Ley Contra la Usura implementada desde 2013.

La respuesta común de las autoridades de varios países a las altas tasas de interés del crédito ha sido la fijación de topes. Algunos estudios reportan que, para mediados de la presente década, unos 40 países en desarrollo –muchos de ellos, países de América Latina– mantenían restricciones en esta dirección (Helms & Reille, 2004).

Si bien la motivación en estos países ha sido abaratar el costo del financiamiento para las familias de menos recursos, diferentes estudios demuestran que este tipo de medidas ha dado como resultado la exclusión de los más pobres y de los clientes en zonas rurales (Helms y Reille, 2004). El problema radica en que, en general, la fijación de tasas a las microfinanzas suele ser a niveles insuficientes para cubrir los costos de operaciones de créditos para algunos segmentos de ingreso y para algunas zonas geográficas. Esto se debe a que suelen usarse como referencias las tasas de la banca comercial, las cuales, gracias a que operan con créditos de mayor monto, pueden tener costos administrativos promedios más bajos.

El principal impacto de la imposición de topes de tasas es la reducción de la oferta del crédito. Existe experiencia regional al respecto. En 2001, se establecieron techos máximos a la tasa de interés en Nicaragua, tanto para las instituciones financieras (IF) supervisadas como para las no supervisadas. Luego de la intervención, el crecimiento anual de la cartera pasó del 30% a menos del 2%. También se evidenció una reducción del microcrédito en las zonas rurales (Helms y Reille, 2004).

Otros estudios sugieren que, en Colombia, este tipo de medida ha frenado el desarrollo del microcrédito formal (Loubière, Devaney, & Rhyne, 2004). Más aún, una comparación entre una muestra de países, con y sin techo en las tasas de interés, reveló que aquellos países sin la medida restrictiva presentaron una penetración cinco veces mayor. Todas estas referencias apuntan a que los topes a las tasas de interés pueden reducir sustancialmente la oferta de crédito.

Los autores antes citados que han estudiado esta relación entre tasas máximas y acceso al crédito afirman que la promoción de la competencia bajo marcos prudenciales adecuados parece ser la única forma eficaz de abaratar el costo y simultáneamente incrementar la cobertura de manera sostenible.

En El Salvador, la Ley Contra la Usura entró en vigor el 24 de febrero de 2013 con el objetivo de prohibir, prevenir y sancionar las prácticas usureras con el fin de proteger los derechos de propiedad y de posesión de las personas y evitar las consecuencias jurídicas, económicas y patrimoniales derivadas de todas las prácticas usureras.

El Banco Central de Reserva (BCR) calcula la tasa efectiva promedio simple para cada uno de los segmentos y rangos de montos, utilizando las tasas efectivas informadas por los supervisados y la información de la actividad crediticia presentada por los no supervisados para su cálculo de tasa efectiva, según metodología correspondiente a cada tipología de crédito.
En 2016, el BCR elaboró para la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa una estimación del ahorro que ha representado para la población luego de la implementación de la Ley Contra la Usura hasta el Octavo Cálculo (segundo semestre de 2016), la cual contiene un cálculo aproximado del ahorro que la LCU generó a los cinco segmentos sujetos de TML, que sumaría US $56,955,081 destacando el crédito de consumo, cuyos ahorros representan el 52% del total.
En el monitoreo realizado por la Superintendencia de Competencia (2018), se evidenciaba que el impacto de la TML ha sido diferenciado, dependiendo del sub-segmento. Por ejemplo, en el caso de los créditos destinados a consumo, el mayor impacto ha sido para aquellos créditos sin orden de descuento de hasta 12 salarios mínimos urbano mensual del sector comercio y servicio (SMSUC) cuya tasa promedio en 2014 era de 186.65% y en 2017 fue de 93.73%.

Por el contrario, en el segmento de tarjetas de crédito, para los dos segmentos de mayores montos (entre 3 y 5 SMSUC y más de 5 SMSUC) las tasas se han incrementado en 4.18% y 2.79% respectivamente. Resulta interesante que las tasas de las IF no supervisadas han disminuido mientras que las tasas de las IF supervisadas han crecido, posterior a la implementación de la TML.

Esto podría ser un indicativo que las tasas de interés de las IF supervisadas mucho más competitivas (por ser más bajas) previo a la TML podrían haberse plegado más hacia este cálculo que recoge el promedio de todos los oferentes de productos financieros, y, por tanto, haber aumentado.

En el caso de las tasas del segmento de vivienda, es visible la disminución de las tasas destinadas a la adquisición de inmuebles nuevos o usados en el rango de 12 a 23 SMSUC, mientras que aquellas de mayor monto (mayores a 112 SMUSC) se ha mantenido casi inalteradas.

La TML correspondiente al segmento de microcrédito multidestino es la que más ha sido impactada hacia la baja, teniendo una reducción desde el segundo semestre de 2014 al primero de 2018 de 59.63% en el caso del sub-segmento de subsistencia, 35.8% para el de acumulación simple y 31.8% para el caso de acumulación ampliada.

Desde el punto de vista de ahorro de intereses, dicha disminución es positiva para los prestatarios, sin embargo, se tenía que evaluar su efecto en la oferta crediticia, en términos de montos y nuevos otorgamientos antes y después de la Ley Contra la Usura. Como se hizo mención más arriba, los topes a las tasas de interés pueden reducir sustancialmente la oferta de crédito, en ese sentido es importante verificar el grado de bancarización, desagregado por segmento de crédito.

De manera general, la SC (2018) examinó la evolución del comportamiento de número de créditos y montos promedio para los diversos rangos de monto (sin hacer alusión al segmento), se observa que los montos menores a $1,000 dólares son los que han experimentado un menor crecimiento (10.2%) comparativamente al resto de montos que han crecido en promedio un 43% entre 2011 y 2017 (gráfico 1).

Este comportamiento es coherente con la perspectiva teórica que sostiene que el establecimiento de un máximo a la tasa de interés (como la TML) genera incentivos para reducir los montos de crédito otorgado a los prestatarios más riesgosos, que suelen demandar montos menores (es decir, disminuye la cantidad de préstamos considerados riesgosos).

El Monitoreo realizado por la SC (2018) determinó que los segmentos que han experimentado un racionamiento del crédito entre IF supervisadas, en términos de otorgamiento de nuevos créditos son vivienda (↓19.5%), empresa (↓18%) y microempresa, en un contexto donde los montos totales han crecido 48.1% y 79.7% respectivamente, lo cual indicaría que las IF supervisadas han aumentado el tamaño de sus préstamos y se han enfocado en atender a clientes de menor riesgo y de mayores ingresos.

A manera de conclusión, se evidencia un hallazgo que debe mirarse con cautela y entraña el reto de un mayor análisis: si bien se ha evidenciado un decrecimiento en las tasas de interés en todos los segmentos de crédito a partir de la implementación de la Tasa Máxima Legal, no se ha producido un mayor grado de bancarización, tanto en las IF supervisadas como no supervisadas. Por el contrario, se ha comprobado una caída en el acceso al crédito, particularmente en los segmentos de vivienda, empresa y microempresa.

El establecimiento de un máximo a la tasa de interés ha generado incentivos para reducir los montos de crédito otorgado a los prestatarios más riesgosos, que suelen ser los montos menores (es decir, disminuye la cantidad de préstamos considerados riesgosos); a la vez que “premia” o incentiva el aumento de los montos concedidos hacia los créditos de bajo riesgo. Eso se puede observar sobre todo en los segmentos de empresa y microempresa, “arrojando” a los demandantes al crédito de consumo, cuyas tasas de interés son significativamente mayores.

En efecto, se observa que el crédito de consumo ha permeado mayores segmentos de la población, sobre todo atendidos por ofrecimientos de IF no supervisadas, normalmente a partir de una tarjeta de crédito que tiene la ventaja para el cliente de poder ser usada para múltiples usos, desde compra de televisores para la casa hasta compras de inventario para una tienda de colonia.

Aunado a lo anterior, la combinación del racionamiento de crédito microempresarial y la concesión indiscriminada de créditos de consumo y tarjetas de crédito resta dinamismo a la actividad productiva y podría generar a mediano plazo un crecimiento en la cartera vencida total.

Los esfuerzos por parte de varias instituciones públicas (y privadas) por el desarrollo de las microfinanzas puede verse minado en la práctica, por la TML, debido a la exclusión que genera en términos de acceso a nuevos préstamos productivos. Generando así una “terciarización” crediticia que obliga a que los empresarios y microempresarios se financien con préstamos de consumo y tarjeta de crédito a un costo mucho mayor, restándole a su actividad económica su efecto dinamizador.

Finalmente, el efecto que la TML ha tenido sobre el mercado crediticio, ha condicionado la posibilidad que más IF ofrezcan productos financieros a mayores segmentos de consumidores con precios más competitivos. Por lo tanto, desde una perspectiva de competencia, el efecto desfavorable también habría generado una reducción del mercado tanto del lado de la oferta como de la demanda, sobre todo de los consumidores de menores ingresos.

1. En el ámbito de la economía, el grado de bancarización expresa la intensidad de uso del sistema financiero por parte de la población general de un territorio, y el grado de penetración de las instituciones financieras en la economía y desarrollo de un país.

2. Medida como el número de clientes de IF como proporción de la población con ingresos menores a 2 dólares al día.

Referencias Helms, B., & Reille, X. (2004). Los topes máximos para las tasas de interés y las microfinanzas: su evolución hasta el presente. Estudio Especial: Grupo Consultivo de Ayuda a la Población Pobre (GCAP). Loubière, J. T., Devaney, P. L., & Rhyne, E. (2004). Supervising & Regulating Microfinance in the Context of Financial Sector Liberalization. Lessons from Bolivia, Colombia and Mexico. Report to the Tinker Foundation. Superintendencia de Competencia. (2018). Precio de créditos, competencia en mercados crediticios y niveles de bancarización en El Salvador. Antiguo Cuscatlán: Intendencia Económica. Obtenido de

https://www.sc.gob.sv/wp-content/uploads/Monitoreos_IE/Monitoreo%20-%20Servicios%20financieros%20v5.pdf

*Economista, labora en la Intendencia Económica de la Superintendencia de Competencia.

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