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Última actualización: 25-Ene-2010
Resumen histórico de la actividad institucional de la SC Antecedentes (1989 - 2005) En 1989, el Gobierno de El Salvador llevó a cabo una serie de reformas estructurales, con el fin de alcanzar una mayor estabilidad macroeconómica que promoviera el desarrollo tanto económico como social. En 1992, se promulgó un marco legal destinado a proteger y salvaguardar los derechos del consumidor. A inicios del año 2001 se implementó la dolarización, junto con un plan de modernización del sector público basado en la descentralización. Como resultado, las reformas dieron lugar a tasas de interés más bajas, eliminación del riesgo cambiario, baja tasa de inflación y una mayor diversificación de las exportaciones. No obstante, hubo factores externos e internos que afectaron el crecimiento económico alcanzado por el país a inicios de la década de los noventas, por lo que se volvió imperativo llevar a cabo un nuevo proceso de reforma estatal: se buscó crear un instrumento que velara por la eficiencia económica de los mercados, la protección del derecho de libertad económica y el bienestar de los consumidores, que a la vez estimulara el crecimiento económico del país. Desde el inicio, los primeros borradores o anteproyectos de ley tuvieron base constitucional en los artículos 101, 102 y 110 que establecen la obligación del Estado de promover el desarrollo económico, la libertad económica y la prohibición de prácticas monopólicas, que permitiría garantizar la libre empresa y proteger a los consumidores. En el desarrollo de estos borradores, hubo participación activa del sector privado, organizaciones no gubernamentales (ONG´s), académicos, entre otros, a fin de obtener amplia participación en la ley que se quería adoptar. En 2004, Elías Antonio Saca, fue electo como Presidente de la República, quien dentro de su Plan de Gobierno estableció un área de trabajo que denominó "Normativa y Supervisión de los Mercados" que incluyó entre otros, los siguientes puntos: · Aprobación de la Ley de Competencia (LC) y creación del ente encargado de su aplicación y; · Supervisión constante del funcionamiento de los mercados, mediante la elaboración de estudios permanentes y el monitoreo oportuno, a fin de evitar perjuicios al consumidor.
Año 2006
La SC ejecutó actividades orientadas a seleccionar, contratar y capacitar a un cuadro técnico profesional y competente, realizó la adquisición del equipo y mobiliario necesario para su funcionamiento, desarrolló como parte del marco normativo para la aplicación correcta de la ley y su organización interna: el Reglamento de la Ley de Competencia, el Manual de Organización y Funciones y el Reglamento Interno de Trabajo, los cuales permitieron sistematizar y organizar las actividades de la Superintendencia, además de, esclarecer y profundizar las disposiciones de la ley.
En materia de aplicación de ley, se recibieron catorce denuncias sobre presuntas violaciones a las disposiciones de la LC procedentes de agentes económicos de diversos sectores de la economía salvadoreña.
En materia de abogacía o promoción de la competencia, la SC inició estudios de mercado en sectores considerados claves para la economía salvadoreña, tales como combustibles líquidos, medicamentos y electricidad; emitió nueve recomendaciones de política pública producto de la investigación de casos y el estudio de combustibles líquidos.
Además, llevó a cabo ciento cuarenta actividades de divulgación de la Ley de Competencia. En agosto de 2006 la SC inició una investigación sobre monopolios de El Salvador que más adelante se concretaría con la producción de un libro sobre este tema.
En cuanto a la actividad internacional, a iniciativa de El Salvador, nuestro país fue sede del IV Foro Latinoamericano de Competencia, siendo el primero celebrado en un país latinoamericano. Los viceministros encargados de la integración centroamericana conformaron el Grupo Centroamericano de Trabajo de Política de Competencia.
Año 2007
En 2007, la SC contrató a un consultor estratégico para brindar asesoría técnica al Consejo Directivo (CD) de la SC.
En cuanto a las actividades de aplicación de la ley, resolvió sus primeros casos iniciados en 2006, los más emblemáticos fueron el del sector de combustibles y el de mercado de televisión por cable.
Así mismo, emitió un total de seis resoluciones ordenando el cese de prácticas anticompetitivas derivadas en cinco de ellas de abusos de posición dominante de agentes económicos en sectores estratégicos de la economía salvadoreña, y en el otro por acuerdos entre competidores para fijar comisiones. Además de la orden de cesación, a los agentes económicos, se les impuso multas que ascienden a US$2,120.758.54.
Por otra parte, atendió siete solicitudes de concentraciones económicas en el sector financiero y de distribución de productos.
En cuanto a la actividad judicial, la Superintendencia inició su defensa de casos ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.
A finales de ese mismo año, se aprobaron reformas a la Ley de Competencia por medio de las cuales se endureció el régimen sancionatorio, incorporando a las multas máximas imponibles un criterio alternativo de proporcionalidad en relación a la gravedad de la práctica anticompetitiva. Con las reformas las multas pueden ir desde el 6% de las ventas anuales o hasta el 6% de sus activos durante el ejercicio fiscal anterior, o una multa equivalente a un mínimo de 2 veces y hasta un máximo de 10 veces la ganancia estimada derivada de las prácticas anticompetitivas, cualquiera que resulte más alta. Adicionalmente, se adoptó una multa para los agentes económicos que no cumplen con la obligación de notificar previamente una concentración económica y los que no acaten las obligaciones impuestas en la resolución que condiciona una concentración económica.
Se reforzaron los poderes de la autoridad, tanto del Superintendente, en la fase de investigación, como del Consejo Directivo, en la fase de resolución. Las reformas le permiten a la institución recopilar información en forma veraz y oportuna a través de registros sorpresivos con la autorización previa de un juez con competencia civil o mercantil, del lugar a donde se encuentra el inmueble a allanar. También, se le otorgaron facultades para dictar medidas cautelares e imponer condiciones u obligaciones estructurales para el cese de las prácticas anticompetitivas, entre otras.
Con el objeto de promover estas reformas, se visitó a más de treinta jueces del país, de juzgados mercantiles y civiles, el propósito principal fue darles a conocer en qué consistían las reformas en especial la de realizar registro con prevención de allanamiento.
En cuanto a la labor de abogacía o promoción de la competencia, y su enfoque de impulsar y consolidar una verdadera cultura jurídica y económica de la competencia, se realizaron estudios de las condiciones de competencia de los sectores marítimo portuario, avícola, gas licuado de petróleo y telecomunicaciones. A partir de algunos de ellos y de la investigación de casos se emitieron veintidós recomendaciones de política pública.
Además, la SC emitió un total de cuatro opiniones sobre normativas, en los sectores de electricidad, hidrocarburos y protección al consumidor, y realizó ciento cincuenta y cinco actividades de divulgación y cursos de especialización con universidades sobre Derecho de la Competencia.
Por otra parte, esta Superintendencia suscribió convenios de cooperación y coordinación con entes reguladores nacionales y con autoridades homólogas de competencia, entre otras: Costa Rica, España, Chile, Perú, México y Panamá, logrando además el reconocimiento internacional con la participación en eventos y grupos de expertos en materia de competencia. El evento más emblemático fue el Taller de Carteles de la Red Internacional de Competencia económica, celebrado en El Salvador con la participación de cerca de cuarenta países del mundo.
En cuanto a la actividad regional, el Grupo Centroamericano de Trabajo de Política de Competencia mantuvo reuniones periódicas para intercambiar experiencias y realizar la homologación de leyes y la adopción de una LC.
Año 2008
En mayo de 2008, fueron aprobadas las reformas al Reglamento de la Ley de Competencia, las cuales fueron publicadas en el Diario Oficial en junio del mismo año.
En lo relativo a la labor de aplicación de la LC, llevó a cabo su primer registro con prevención de allanamiento de dos agentes económicos en el mercado de harina de trigo para determinar la existencia de un acuerdo anticompetitivo entre competidores. Dicho procedimiento finalizó con una resolución que determinó graves infracciones a la LC por parte de los agentes económicos investigados e impuso dos multas que totalizan USD$4,032,421.36.
Así mismo, la actividad de revisión en el Órgano Jurisdiccional en las resoluciones de la SC aumentó, teniendo más casos por defender en la Sala de lo Contencioso Administrativo.
Las solicitudes de concentración económica atendidas por la SC fueron catorce, de las cuales dos fueron autorizadas, en el sector de energía y telecomunicaciones.
Dentro de la labor de abogacía o promoción de la competencia, la SC realizó estudios sobre las condiciones de competencia de los sectores de azúcar y de arroz, y además, llevó a cabo doscientas dos actividades de divulgación, incluidas en ellas capacitaciones a las UACI's de diferentes instituciones gubernamentales del país.
Emitió un total de nueve opiniones sobre normativas, en los sectores de electricidad, medicamentos, hidrocarburos y portuario. Además, a partir de ese mismo año, en virtud de las reformas a la ley, se emitieron quince opiniones sobre procesos de licitación pública en los sectores de electricidad, medicamentos, hidrocarburos y servicios. A partir de algunos de los estudios, opiniones e investigación de casos se emitieron sesenta y seis recomendaciones de política pública.
Además, la SC se sometió al examen inter-pares de Derecho, Política y Ley de Competencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), realizado en el contexto del VI Foro Latinoamericano de Competencia desarrollado en Panamá.
Por otra parte, la SC elaboró un Libro Blanco, donde se incluyeron las reformas necesarias a la Ley de Competencia, sustentadas tanto en las recomendaciones, producto del examen inter-pares, como en las que se identificaron al cotejar la normativa con la realidad propia de los mercados salvadoreños.
Además, desarrolló el manual Aprendamos sobre competencia y produjo el libro Los estancos, las prácticas monopólicas y las rentas del Estado en El Salvador: un libro de historia social y económica desde la época colonial hasta la actualidad (1524-2008), el cual consta de dos versiones: una versión especial, rica en imágenes de documentos históricos; y una segunda versión cuyos derechos de autor y primera edición fueron donados al Consejo Nacional para la Cultura y el Arte (CONCULTURA) y pasó a formar parte de la colección de CONCULTURA denominada Biblioteca de Historia Salvadoreña, como volumen número 20.
En el ámbito internacional, El Salvador fue sede del II Foro Centroamericano de Competencia. En el marco de este foro, la SC firmó un convenio de cooperación con la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia de Honduras.
La SC continuó con la contratación de un consultor estratégico que brindó apoyo técnico en materia de Competencia.
Año 2009
Adicionalmente, la SC conoció 2 denuncias las cuales fueron declaradas improcedentes por no encajar en los supuestos contemplados en la Ley de Competencia. En su labor de investigación de prácticas anticompetitivas, la SC realizó 4 monitoreos en actividades tales como: la transmisión exclusiva por televisión de los encuentros de la selección nacional de fútbol, transmisión de partidos de la liga española, relación entre agencias de viajes y líneas aéreas y la importación de medicamentos para el tratamiento de la influenza A H1N1.
La SC efectuó 30 requerimientos a la Fiscalía General de la República (FGR), a fin que ésta hiciera efectiva las multas impuestas a distintos agentes económicos sancionados. Además, presentó un total de 42 informes y escritos ante salas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Se tramitaron un total de 13 solicitudes de autorización de concentración económica, de las cuales 1 fue autorizada, (Inversiones Financieras Citi y Banco Citi con Citi Info Centroamérica), 6 fueron declaradas improcedentes por no necesitar autorización previa (incluyendo la operación de TACA-Avianca), 2 se consideraron inadmisibles por no cumplir con los requisitos formales para presentar este tipo de peticiones, 1 sin lugar por falta de información y 3 se encuentran en trámite (una de ellas es la relacionada a la compra de Shell El Salvador).
La SC llevó a cabo 3 estudios sectoriales sobre condiciones de competencia en 2009, éstos fueron realizados en los sectores de arroz, fertilizantes, leche fluida y en polvo. Asimismo está en proceso de elaboración el estudio de la agroindustria de quesos y el de la industria del hierro.
La SC emitió 34 recomendaciones de política pública, las cuales fueron dirigidas a 8 instituciones gubernamentales. Además la SC emitió 6 opiniones a normativa y 3 opiniones a procesos de licitación pública.
En cuanto a los convenios de cooperación y coordinación nacionales e internacionales, la SC firmó 6 en total. Mientras que con la Academia se firmaron 2 renovaciones de convenios.
En cuanto a la actividad centroamericana e internacional se tuvo participación activa en el Grupo de Trabajo de Política de Competencia en la Integración Centroamericana, en foros internacionales y en diversas rondas de negociación.
En su labor de promover competencia la SC impartió 23 actividades de capacitación/formación a instituciones nacionales con el apoyo de consultores internacionales. Asimismo, se obtuvieron fondos no reembolsables del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para proyectos de pre-inversión, denominados "Proyecto de Bienes Públicos Regionales" (BPR), presentando la propuesta BPR "Desarrollo de una Política de Competencia Regional". Los países de la región centroamericana (incluyendo a Panamá) son los beneficiarios del proyecto, siendo la SC la autoridad designada para la ejecución del proyecto.
En 2009 se llevó a cabo el lanzamiento de los manuales: "Aprendamos sobre competencia" y "Detectando y previniendo licitaciones colusorias en El Salvador", Lanzamiento del nuevo sitio Web de la SC www.sc.gob.sv y el conversatorio "Retos y desafíos de la SC".
Se llevaron a cabo 74 presentaciones informativas. Se creó un espacio de la SC en Facebook, que ya cuenta con más de 1,300 usuarios registrados. Producción de publicaciones institucionales: "Libro Blanco" con propuestas de reformas procedimentales a la Ley de Competencia, manuales "Aprendamos sobre competencia" y "Detectando y previniendo licitaciones colusorias en El Salvador", Recopilación de recomendaciones de política pública 2006-2009, Recopilación de artículos de opinión y ensayos elaborados por la SC. Asimismo, se hicieron las gestiones necesarias para tener presencia en un medio periódico de circulación nacional, una revista especializada y un medio electrónico para publicar de manera gratuita ensayos y artículos de opinión sobre tópicos del Derecho de Competencia.
Año 2010
Durante 2010, la SC continúa con su labor de promoción de la competencia en los sectores público y privado, así como en la academia. Así también, enfoca aún más sus esfuerzos al área de las licitaciones colusorias.
